La actual normatividad no contempla sanciones económicas (Foto: Lucía Godínez/EL UNIVERSAL)

De acuerdo con el proyecto, que será analizado por el Senado, los órganos garantes de transparencia tendrán la facultad de sancionar a los servidores públicos con hasta 200 mil pesos, además de suspensión, amonestación pública o privada e inhabilitación.

Ordenan a SEP transparentar datos de programa 'Mi Compu'

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