Con Felipe Calderón se desató crisis de desaparecidos

Con Felipe Calderón se desató crisis de desaparecidos
(Foto: Archivo/EL UNIVERSAL)
De 2006 a julio de 2015, las procuradurías de todo el país han reportado a 25 mil 648 personas de las que se desconoce su paradero. Reunirlas a todas implicaría llenar tres veces el Auditorio Nacional
11:52

Antes de que terminara el día, Xiu Abarca Olea, de 28 años, estuvo en uno de los mercados más conocidos del centro de Chilpancingo. Esa fue la última vez que lo vieron. Ya han pasado dos años y Sara, su madre, no deja de buscarlo por todo el país.

Paola Yaneth, de 21 años, salió por un mandado a la tienda. Se alejó sólo tres cuadras de su casa en Aguascalientes, pero su rastro se desvaneció en algún punto del trayecto. Ya transcurrieron tres navidades desde esa fecha que le cambió la vida a toda su familia.

El 4 de septiembre de 2012, Cecilia Navarro, de 52 años, salió de Valle Dorado, Estado de México, rumbo a la ciudad de Toluca a una reunión de trabajo. Nunca llegó a la cita y tampoco regresó a su hogar. Lleva más de mil días fuera de casa. Lo único que su familia ha recuperado es el auto Mondeo modelo 2006 en el que se trasladaba.

Hombres y mujeres desaparecen todos los días en México en un contexto en el que el crimen organizado y la trata de personas están entre los principales motivos de la desgracia de miles de familias mexicanas.

De 2006 a julio de 2015, las procuradurías de todo el país han reportado a 25 mil 648 personas de las que se desconoce su paradero. Reunirlas a todas implicaría llenar tres veces el Auditorio Nacional, uno de los centros de espectáculos más famoso localizado en la ciudad de México. Ni siquiera la Arena México, también ubicada en la capital del país, tiene suficientes asientos para alojar a cada uno de los ausentes.

Encontrar en México a un desaparecido es como hallar una aguja en un pajar. A diario durante los últimos 10 años, siete personas se han desvanecido en algún punto del territorio azteca. Familias en todo el país se topan con paredes normativas que en lugar de ayudarlas, frenan sus búsquedas. Actualmente no existe una ley general de desaparecidos y en algunos Ministerios Públicos sigue existiendo la famosa frase: “Tiene que esperar 72 horas”, para iniciar una denuncia.

Desaparición forzada, persona ausente, no localizado, extraviado, desaparecido. Cinco términos diferentes utilizados por las autoridades para hablar de un mismo dolor.

Cifras actuales muestran un panorama poco alentador. En sólo una década, México tiene la misma cifra de personas desaparecidas que Colombia por desaparición forzada, ya que en un lapso de 62 años registraron 20 mil casos. Y con la agravante de que aquél país sí vive un conflicto armado declarado.

La población joven es la que parece estar en mayor riesgo. Cinco de cada 10 desaparecidos tienen entre 11 y 30 años de edad. Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua son las principales zonas donde la gente se esfuma sin dejar rastro. El 50% de las personas fueron vistas por última vez en alguno de esos lugares.

La cifra negra

Antes de ser la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García fue activista y convivió con organizaciones de la sociedad civil que buscaban desaparecidos relacionados con la llamada guerra sucia. Hoy ya no es funcionaria pública pero conoce de cerca los detalles de lo que puede ser uno de los fenómenos más graves, después del crimen organizado, en México.

“En materia de desaparición, la cifra negra no se ha estudiado. Pero hay comunidades del país donde la gente tiene mucho miedo y no reporta”, dice.

Las familias denuncian sin conocimiento del proceso y la averiguación se queda inconclusa. De acuerdo con García, las indagatorias abiertas son 50% menos que el número de personas que en realidad desaparecieron.

Iguala se ha convertido en el ejemplo más claro. “El hecho de Ayotzinapa sirvió de ventana para muchos otros casos que habían estado guardados”, dice Julio Antonio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La gente comenzó a reunirse y a darse cuenta de un detalle macabro en común: Todos tenían a alguien desaparecido. La CEAV se topó con que a más de 300 personas se las había tragado la tierra en esa localidad y nadie lo sabía.

¿Cuántos faltan?

En 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), como consecuencia de la nueva estrategia que el gobierno había emprendido contra el crimen organizado, todos los días un nuevo reporte de desaparición salía a la luz, pero nadie tenía la cifra final.

En ese año comenzó a elaborarse el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). La base de datos, operada por el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), comenzó a recabar información a partir de los reportes que le enviaban las procuradurías locales.

De acuerdo con la última actualización, en el sexenio de Calderón 13 mil 816 personas desaparecieron en todo el país. En 2007, durante su primer año, se tuvieron 752 reportes y de salto en salto se llegó al punto clímax en 2011, fecha en la que se desvanecieron 4 mil 192 personas en todo México.

Un año antes, en 2010, la cifra superó las 3 mil desapariciones y desde entonces no ha vuelto a descender.

Incluso, en los dos años y medio de la actual administración las estadísticas rompieron un nuevo récord. En 2014 se reportaron 5 mil 304 personas de las que se desconoce su paradero. Todas con familia. Todas con recuerdos. Ninguna con alguna pista de dónde pueden estar.

Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la organización I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y también ex funcionario público en una de las áreas más complejas de la Secretaría de Gobernación —la de Derechos Humanos—, trata de dar una explicación del por qué ahora pareciera que desaparecen más mexicanos. El narcotráfico y la delincuencia organizada son algunas de las causas.

“Puede ser con un objetivo de trabajo esclavo, de constitución forzada, pero en el fondo, cuando no se pide nada a cambio, estamos totalmente ante un acto de desaparición”.

En busca de nuestros familiares

Sara Olea recuerda que cuando presentó su denuncia ante el Ministerio Público quedó decepcionada de las autoridades en Guerrero, “por corruptas”. En contraste, las autoridades federales no han dejado su caso, pero aun así la atención es insuficiente.

Además de madre se convirtió en investigadora y consiguió que su hijo entrara en el programa de recompensas, el que auxilia a personas que se acercan a solicitar ayuda a nivel federal. En fin, desde 2014 no ha dejado de investigar y recabar pistas.

Con el crecimiento de la problemática, diversas organizaciones han tenido que llenar el vacío de las autoridades. En 1997, María Elena Solia Gutiérrez decidió fundar la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C. (AMNRDAC), después de que su nieta fuera robada a finales de 1994 y recuperada meses después.

Al inicio buscaba principalmente a niños, ahora “nos piden ayuda para todo tipo de casos. Desde niños, mujeres, jóvenes, hasta personas de la tercera edad”, dice María Elena. Con una voz serena pero fuerte en sus dichos, la señora elenita, como muchos la llaman, explica que en un contexto tan difícil no puede negarle su ayuda a nadie. “Nosotros los acompañamos al Ministerio Público, a hospitales, al Semefo. Estamos con ellos hasta que encuentren a su familiar,” dice.

Las redes sociales hacen lo suyo desde su trinchera. Cuentas como “La Alameda” llevan tres años difundiendo las fotos de los “desaparecidos de México”. Actualmente tienen presencia en 18 estados de la República.

La autoridad está hasta cierto punto atada de manos. “No hay protocolos de búsqueda. En 99% de los casos está comprobado que no hay búsqueda. Los Ministerios Públicos hacen oficios y así se pueden tardar años, pero no hay una búsqueda efectiva, no salen a buscar”, explicó Juan Carlos Gutiérrez.

Además, “la PGR tiene un número de 15 o 16 policías federales que buscan desaparecidos —en todo el país—. Deberíamos tener un grupo muy fuerte, de más de 500 policías federales, que buscaran a desaparecidos”, refirió el coordinador de I(DH)EAS.

Ante la poca atención de las autoridades para aquellos casos que no se llevan la atención de los medios de comunicación, a las familias nos les queda otra opción más que hacer sus propias investigaciones, pues como algunos dicen: “¿Si no los buscamos nosotros, quién lo va a hacer?

Elaborado junto con EL TIEMPO de Colombia

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